Podría ser buen título para un cuento, pero es una propuesta política.
En España tenemos muchas herencias sin repartir. En los pueblos y en algunas ciudades, hay demasiadas casas que se arruinan por desavenencias fraternas en orden al reparto. Existen miles de fincas abandonadas, acumulando combustible para el próximo incendio. Y también conocemos miles de hermanos que no se hablan, primos que se ignoran, sólo porque su familia tiene una herida mal cerrada en el orden material. Una casa, un pajar, un palomar, una huerta, un prado, servidumbres de paso, bancales que se caen..., cosas que no tienen un valor vital en la vida económica actual y que se dejan pudrir por cainismo. Este pudrimiento va contra nuestra Constitución, que consagra “la función social de la propiedad”.
Propongo que el Estado mediante su instrumento de recaudación de los bienes inmuebles actúe de la siguiente manera: Fallecido el titular catastral, circunstancia fácilmente conocible con el cruce de datos con la Seguridad Social, si no se ha transmitido a un vivo, el primer año se cobrará a la herencia yacente un 10% del valor de los bienes inmuebles, el segundo un 20%, el tercero un 30%, y el cuarto un 40%; lo que completa el 100%, con lo que se sacarán a subasta para beneficio de la sociedad, (yo le daría este ingreso a los ayuntamientos, que es la administración más cercana, más necesitada y más interesada en la ordenación de su territorio)
Lo más lógico sería que los hermanos, ante la disyuntiva de la expropiación, acordaran una partición. Y un acuerdo forzado siempre es mejor que un pleito.
Reactivaría la pequeña construcción, reparando esas caries en las dentaduras urbanas. Permitiría un mejor desarrollo de la agricultura y ganadería facilitando a los vecinos linderos la compra de esa finca que les conviene y que los hermanos mal avenidos eran incapaces de venderles.
Por último: eliminaría de raíz muchos conflictos familiares, disminuyendo los insomnios y el mal humor, allanando caminos de felicidad fraterna.
Además, la medida es gratis.