EL OCASO DE LA PREVENCIÓN GENERAL.

El derecho es una creación de los hombres para encauzar los conflictos de la sociedad; por hablar mal y pronto: poner derecho lo torcido.

Hay varias clases de derecho: el más corriente es el derecho civil, que se aplica cuando una persona causa algún menoscabo en el patrimonio de otra, entonces la justicia le obliga a devolver, reparar o pagar la reparación de ese daño.

Existe otra clase de derecho que se dedica, además de a la rectificación, al castigo: es el derecho penal, que causa una privación de derechos, un sufrimiento, de los que no se beneficia nadie (al contrario, las cárceles nos cuestan mucho dinero). La razón es que  las conductas penadas son una agresión muy grave hacia la sociedad.

Estas sanciones tienen dos finalidades. La primera es la prevención especial, que “educa” al penado, es decir, le muestra el daño que se debe sufrir por haber cometido un delito; a la vez impide que vuelva a repetir esas conductas mientras esté encerrado, que sea peligroso para la sociedad.

No puede ser el único fin. Un criminal como José Bretón que “únicamente” mató e incineró a sus dos hijos pequeños para hacer daño a su exmujer, carece de peligrosidad social porque no tiene más hijos y es altamente dudoso que nadie quiera tener hijos con él. Lo mismo le pasa a Iñaki Urdangarín, que es imposible que vuelva a montar una falsa fundación para “pasar el cazo” a las administraciones públicas con el pretexto de ser el yerno del Rey. Nadie estará nunca dispuesto a pagar un dineral por sentarle a una mesa y que diga cuatro palabras.

Para eso existe el otro fin del derecho penal, que es la prevención general, gracias a ella todos “escarmentamos en cabeza ajena” y recibimos el mensaje de “el que la hace la paga”.

Lo que ha sucedido en el “caso Urdangarín” es gravísimo para el estado. Uno de los más altos representantes, la monarquía, que es una institución sostenida con fondos públicos y que no da nada más que imagen (por tanto debería ofrecer el más alto ejemplo), en nombre de la cual se hizo todo lo que se hizo, burla de momento la cárcel a que acaba de ser condenado en una cantidad no pequeña: seis años y tres meses.

No es solo el escándalo y el desprestigio, ni el mal ejemplo para todos los políticos y adláteres que manejan fondos públicos.

¿Quién, analizando toda la picaresca y defraudación que se ha aireado de este caso,  va a decirle esta tarde a su fontanero?

No, hágame una factura; y  con IVA.