martes, 15 de octubre de 2019

Una reflexión jurídica y práctica.

Interrumpo de nuevo las entregas del viaje por Francia para reflexionar sobre un aspecto de mi trabajo. Una parte de mis funciones en los juzgados de paz donde he trabajado tiene que ver con los matrimonios y los divorcios.

El matrimonio en España es gratuito en todos sus trámites jurídicos. La ley no obliga a la gente a que se asesore para meterse a compartir la vida y un montón de relaciones jurídicas con otra persona, (que es un lío, y a veces hasta peligroso).

Sin embargo el divorcio de mutuo acuerdo, -que son la mayoría de los que yo apunto  en el Registro Civil-, requiere abogado y procurador, para que la gente se asesore. Es decir, a la gente le cuesta más de mil euros comprar su libertad y acabar con el lío, mientras que el trabajo del abogado en estos casos que digo, se limita a poner los nombres en un documento que ya tiene hecho en el ordenador, poner la fecha del día y darle a imprimir. Entiendo que sean necesarios y cobren por su trabajo si tienen que pelear por custodias de hijos o por repartos de bienes comunes, pero en la mayoría de las sentencias que apunto ya he dicho que no hay nada de eso.


Ya sé que los candidatos a las elecciones no leen este blog, pero sería inteligente que parte del dinero que se emplea por la sociedad en policías para proteger a los cónyuges, cárceles, pulseras electrónicas de órdenes de alejamiento, muertes de ellas y suicidios de algunos de ellos..., y esto que pagan los contrayentes a los abogados por nada,  se usara preventivamente, o al menos se introdujera en la educación obligatoria información sobre este tema capital de la vida que es lanzarse a compartirla con otra persona.

Es de sentido común, lo mismo  que limpiar los bosques, vigilar los montes y elaborar cortafuegos; antes que pagar bomberos y comprar aviones para tirar agua.

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